Con ocasión de la cita de octubre, el Gobierno ha sido prolijo en manifestaciones simbólicas de reconocimiento a los actores revolucionarios de 1944 y la reivindicación de la memoria y vida de Oliverio Castañeda. Efectivamente, gestos de justicia histórica, cuya dimensión política y trascendencia social urbana son importantes para afirmar la identidad democrática guatemalteca y el repudio a la invasión mercenaria de 1954. Ahora bien, esto ni es suficiente para emular los alcances y el contenido de los gobiernos revolucionarios. Ni, más importante aún, dar respuesta a las ingentes demandas de la población, por tierra, trabajo y soberanía. La orientación política de este gobierno de día en día se afirma, no sólo diferente a los postulados revolucionarios, sino francamente opuesto a ellos.
Algunos elementos de ese parangón: justicia laboral. En 1944 se establece y consolida la legislación laboral en defensa de los intereses de los trabajadores. En 2008, se propicia su reforma. Con ánimo de flexibilización y menoscabo de los derechos laborales: por ejemplo, el Presidente recoge la propuesta empresarial de “salarios por productividad”, en este país en donde hasta controlar el pago del salario mínimo es un problema. Por separado, la Presidencia es copartícipe de la idea de contratación por horas de trabajo –menos de 40 a la semana–, en donde las prestaciones laborales desaparezcan.
En materia agraria, el gobierno de la Revolución expropió y repartió a campesinos trabajadores 584 mil 558 hectáreas. Previamente, se aprobó el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria. En esa materia, este gobierno promueve el arrendamiento de corto plazo –idea del gobierno de Óscar Berger– y sin opción de compra –que en algunos casos es un medio de transferencia dineraria a los propietarios de los grandes fundos–. Durante toda su gestión –diez meses– no ha entregado ni una sola parcela a campesinos pobres y se privilegia al mercado como mecanismo de dotación de tierras que, a juzgar por sus resultados, resulta infuncional. En materia legislativa, no ha impulsado ley agraria alguna, ni siquiera el Código Agrario que mandatan los Acuerdos de Paz.
En cuanto al IGSS, ni siquiera se hacen los esfuerzos necesarios para pagar la millonaria deuda que el Gobierno tiene para con el instituto, lo que lógicamente propicia su debilitamiento. En síntesis, no hay parangón posible.
Algunos elementos de ese parangón: justicia laboral. En 1944 se establece y consolida la legislación laboral en defensa de los intereses de los trabajadores. En 2008, se propicia su reforma. Con ánimo de flexibilización y menoscabo de los derechos laborales: por ejemplo, el Presidente recoge la propuesta empresarial de “salarios por productividad”, en este país en donde hasta controlar el pago del salario mínimo es un problema. Por separado, la Presidencia es copartícipe de la idea de contratación por horas de trabajo –menos de 40 a la semana–, en donde las prestaciones laborales desaparezcan.
En materia agraria, el gobierno de la Revolución expropió y repartió a campesinos trabajadores 584 mil 558 hectáreas. Previamente, se aprobó el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria. En esa materia, este gobierno promueve el arrendamiento de corto plazo –idea del gobierno de Óscar Berger– y sin opción de compra –que en algunos casos es un medio de transferencia dineraria a los propietarios de los grandes fundos–. Durante toda su gestión –diez meses– no ha entregado ni una sola parcela a campesinos pobres y se privilegia al mercado como mecanismo de dotación de tierras que, a juzgar por sus resultados, resulta infuncional. En materia legislativa, no ha impulsado ley agraria alguna, ni siquiera el Código Agrario que mandatan los Acuerdos de Paz.
En cuanto al IGSS, ni siquiera se hacen los esfuerzos necesarios para pagar la millonaria deuda que el Gobierno tiene para con el instituto, lo que lógicamente propicia su debilitamiento. En síntesis, no hay parangón posible.
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